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Las tramas corruptas debilitan la maltrecha democracia española. 1ª parte

Antonio José Parafita Fraga

Antonio José Parafita Fraga  |  07 de Septiembre de 2014 (00:00 h.)
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El autor de este trabajo, pretende realizar una descripción  de la compleja y delicada realidad política, social y económica de este país, para que, al menos los lectores, tomen conciencia cívico/política de la necesidad de contribuir al cambio de las actitudes negativas y conductas   viciadas, que predeterminaron las tramas corruptas y el debilitamiento todavía mayor de la achicada democracia española. Para ello, este comentarista ha seguido el método de la recopilación de informaciones y datos, que se han hecho públicos a través de los medios de comunicación y de los autos de jueces, con motivo de los variados casos de supuestas corrupciones, pero sin prejuzgar ni mucho menos juzgar, con prejuiciosa intencionalidad, y a la ligera, los hechos referenciados.

Y partiendo de ellos, de los datos recopilados, se ha realizado un análisis riguroso y una profunda reflexión, especialmente en lo concerniente a las causas esenciales de los mismos y a los efectos dimanantes de los torticeros y perversos comportamientos de quienes presuntamente actuaron al margen de la legalidad, como pueden ser resaltados, entre otros, el desorbitado aumento del número de parados o desempleados, los escalofriantes datos estadísticos relativos a los altos niveles de conmovedora pobreza e, incluso, un progresivo ensanchamiento de la bochornosa y humillante situación de miseria a sectores sociales más amplios de un paradójico estado social y del bienestar. Este ensayista, pretende que sea el lector quien realice también su propio y particular análisis crítico valorativo y extraiga las correspondientes conclusiones.

Uno de los objetivos de este ponderado estudio sobre la difícil y delicada realidad situacional de este país, es alentar, dentro de lo posible, a que los ciudadanos en general y a sus  representantes en particular, para que se impliquen y comprometan en la tarea de impulsar y promover los necesarios cambios, orientados a desarraigar hábitos nefastos y conductas perversas, con el claro propósito de favorecer el desarrollo y el bienestar individual y colectivo de este país, España, dotado, por cierto, de unas potencialidades económicas, culturales y humanas tan considerables, que, por eso, hacen más reprobables y dignas de la máxima repulsa las actuaciones presuntamente delictivas de los corruptos y corruptores, porque con su deshonroso y degradante proceder empobrecieron a unos y hundieron en la miseria a otros, al tiempo que coadyuvaron a que los que ya eran ricos, se enriquecieran aún más y a que los que eran pobres, vieran acrecentada su pobreza. Pero sin olvidar que las corruptelas fueron también factor importante del dramático aumento de indigentes y excluidos sociales.

Llama poderosamente la atención que, en las democracias avanzadas, y la española lo es  por contar con casi 35 años de vida y un notable grado de consolidación, proliferen, con relativa facilidad, sorprendente frecuencia y desmesurada intensidad, como si se tratase de una desdichada fatalidad de naturaleza calamitosa, los casos de presuntas tramas de corrupción en el ámbito y seno de algunas instituciones y organizaciones del Estado, debiendo ser mencionados los escandalosos casos de: blanqueo de capitales, ocultación de ingentes cantidades de dinero en paraísos fiscales con la intencionalidad manifiesta de evadir también los impuestos, tráfico de influencias, saqueo, despilfarro y apropiación indebida de fondos públicos, dentro de los partidos políticos, de los dos grandes sindicales clásicos y de clase, y en el ámbito de las organizaciones empresariales e, incluso, de algunas asociaciones y fundaciones sin ánimo de lucro. Y éste, respetable lector, es el lado sórdido de la actual situación social, creada por los corruptores del sistema político español, y tal estado de cosas  forma parte de la palpitante, estremecedora y patética realidad mediática del momento actual.

 

HECHOS PUBLICADOS. ACTITUD DE LOS POLÍTICOS Y OPINIÓN CIUDADANA

Para la opinión pública, resultan muy difíciles de digerir los inmorales casos de saqueo y malversación de fondos públicos, cuyo destino era la prestación de servicios sociales a los ciudadanos en estado social de precariedad laboral, económica y familiar, y que, según los medios de comunicación, los jueces y fiscales, han tenido y tienen como escenarios principales, Cataluña y Andalucía, pudiendo ser consideradas como el paradigma y máximo exponente de las más abyectas y obscenas tramas corruptas que se dieron en España, en la etapa democrática, y que fueron la mayor afrenta y ultraje, así como el más pernicioso varapalo que recibió el sistema político español desde la transición, que, por lo demás, lastran por tiempo indefinido no sólo la reactivación de la economía sino que también entorpecen la creación de empleo, condicionan la estabilidad social y económica y retrasan o difieren la recuperación de la confianza de los mercados.

Además, las mencionadas supuestas ilegalidades constituyeron una de las causas por las que ciertos segmentos de la sociedad española viven sumidos en la más tremebunda pobreza y/o miseria. Y todo esto, está ocurriendo sin que los movilizadores de oficio y los mesiánicos salvapatrias toquen a rebato desde sus habituales y socorridas campanas de Twitter y Facebook, llamando a concentraciones o manifestaciones masivas y a protestas contundentes contra los presuntos corruptores del sistema democrático de este país, y a favor de la solidaridad con los afectados por las corruptelas cometidas por tanto depravado y miserable como ha pululado impunemente por los ámbitos políticos y administrativos de España. Sobre las razones de esta inhibición y actitud pasiva, puede y debe el lector pensar unos instantes en cuáles son o pueden ser éstas, y sacar sus propias conclusiones. 

Mientras tanto, los honestos ciudadanos contemplan atónitos cómo los corruptos campan a sus anchas por los 17 reinos de taifas o comunidades autónomas del Estado español y cómo las prebendas y privilegios de la clase política adquiere carta de naturaleza entre los dirigentes de los partidos, sindicatos, empresarios y cargos públicos, para escarnio y mofa del resignado contribuyente. No obstante, debe señalarse que esta afrentosa fenomenología del despilfarro y saqueo de fondos públicos se da en parecidos términos y proporciones en el resto de los países europeos.

Por fortuna, todavía quedan jueces, magistrados y fiscales que intentan evitar el sistémico desangrado del malherido y ya anémico cuerpo del estado democrático social y de derecho, conteniendo o deteniendo la tremenda hemorragia causada por tanta corrupción, mediante la investigación e instrucción de casos protagonizados por tramas corruptas presuntamente delictivos. Los nichos de corrupción se extienden como regueros de pólvora a lo largo y ancho de la geografía española.

Naturalmente, y sin perder demasiado tiempo en disquisiciones metafísico/filosóficas de índole política y social, adelantamos que el menoscabo del sistema político español y la desconfianza del pueblo en las instituciones públicas, se deben a causas multifactoriales, como, por ejemplo, que no han funcionado correcta y adecuadamente los mecanismos de control que fueron establecidos, precisamente, por la propia democracia, aparte de otras consideraciones a las que se hará alusión a lo largo del presente análisis de situación política y democrática de España. Esta falta de controles, propició en buena medida la lenta descomposición y el progresivo deterioro de las estructuras e instituciones democráticas del Estado. Y, como consecuencia, fue germinando la semilla de la desconfianza ciudadana en la política, los políticos y los gobernantes.

Dejó de brillar también la luz de las ideologías, desaparecieron los líderes que antaño las encarnaban y surgieron entonces, en la oscuridad del vacío de ideas, en la orfandad de los liderazgos y en las tenebrosas sombras de la confusión, el descontento y la decepción de la ciudadanía, los oportunistas antisistema y los mercaderes de la menesterosidad ajena, para luego vivir, con fingida hipocresía, del propio sistema, aunque camuflen o disfracen sus mensajes por medio del cínico discurso de ser los opositores a la casta política y los garantes del verdadero regeneracionismo político, social, institucional y democrático que necesita España.

 

CRISIS PERSISTENTE, CORRUPCIÓN Y PARO. REFORMAS LEGISLATIVAS.

Y así, con planteamientos más quiméricos y fantasiosos que cabales y sensatos, irrumpieron en el escenario político una pléyade de oportunistas, demagogos y populistas, con discursos radicales y totalitarios, así como con propuestas utópicas y trasnochadas, que en el actual estado de frustración y desconcierto social, tuvieron y siguen teniendo sus fieles  y leales adeptos. Estos emergentes personajes, pueden agruparse en: salvadores caudillistas de nuevo cuño, bribones y pancarteros, lechuzos y rufianes, agiotistas y logreros, fulleros y truhanes, caciques y tahúres, chocarreros y gorrones, trapisondistas y gañanes, politicastros y embaucadores, dogmáticos y anticlericales, de pensamiento único.

Repárese en que los regímenes dictatoriales y/o totalitarios, no permiten en absoluto la crítica ni el control de la acción político/administrativa de las instituciones y sus gobernantes. En España, existe la perentoria necesidad de llevar a cabo una especie de segunda transición, que facilite establecer bases sólidas para una profunda regeneración democrática y que favorezca el cambio o modificación de algunas leyes imprescindibles para revitalizar la vida política y democrática, como pueden ser: la Ley de financiación de partidos políticos y  de las organizaciones sindicales, la Ley electoral, la normativa que, de manera implacable, sancione a quienes no cumplan escrupulosamente la Ley de transparencia, malversando  fondos públicos o destinándolos a una finalidad distinta a la que figura en la correspondiente partida presupuestaria o presupuestando actividades u obras cuya urgencia o necesidad es de dudosa justificación.

De igual modo, se impone la revisión del título VIII de la Constitución de 1978, para llevar a cabo una distribución territorial de España, más acorde con las nuevas realidades políticas, sociales y económicas y que facilite una mejor racionalización del gasto público. El sistema autonómico está agotado, mal regulado, y los criterios de solidaridad entre las autonomías no se aplican, a la vez que se acentúan más las asimetrías interregionales. Y asimismo, los fueros y/o conciertos, ponen de manifiesto tanto unas injustas discriminaciones como las diferencias históricas anacrónicas, carentes de sentido en el  siglo XXI. En cualquier caso, hay que acometer las reformas que sean precisas y oportunas para revisar las competencias autonómicas y limitar su descomunal endeudamiento. Se debe procurar el cumplimiento de  la Constitución en cuanto a propiciar la igualdad de todos los españoles.  

Tal recuperación de la credibilidad de los ciudadanos en la política y en los políticos, pasa necesariamente por la ejemplaridad que han de dar estos servidores públicos, por eliminar o reducir determinados privilegios y exenciones, como el vergonzoso número de aforados y el de liberados sindicales, entre otros casos,  en favor de una mayor igualdad entre todos los españoles. Y, si para ello, hay que reformar algunos artículos de la Constitución y de los Estatutos de Autonomía, no les queda más remedio a los partidos políticos que ponerse de acuerdo para lograr el requisito del consenso. Pero, si por un exceso de ambiciones político/partidistas, no se lograse ese consenso, el Gobierno debe de hacer uso de la mayoría absoluta otorgada por los electores.

 

CAMBIOS LEGISLATIVOS, REGENERACIÓN POLÍTICA, INSTITUCIONAL Y  DEMOCRÁTICA EN ESPAÑA.

La urgente necesidad y exigencia de unos cambios legislativos moderados, aparecen más acentuados por el hecho de que el pueblo español todavía está padeciendo el azote de la dura y larga crisis, cuyos comienzos se pueden situar en torno al año 2007. Por lo tanto,   salta a la vista que éste no es el momento adecuado para abrir un debate sobre la alteración del actual modelo de Estado, planteando su sustitución por otro federal y republicano, según pretenden y propugnan algunas fuerzas políticas y sindicales. Los que hacen tal propuesta, saben o debieran de saber que las principales preocupaciones de los españoles, a día de hoy, son el paro, la corrupción, el descrédito de los partidos políticos, de los sindicatos de clase y de otras instituciones del Estado. En consecuencia, los esfuerzos de todos los representantes públicos, elegidos por los ciudadanos, han de estar orientados básicamente a la reactivación de la economía y a solventar el acuciante y citado problema del desempleo.

Tarea prioritaria ésta, que, por cierto, no compete sólo a quienes detentan el poder. Por lo demás, los gobernantes y dirigentes sociales, deben de ser conscientes también de que para lograr una profunda regeneración de las instituciones y recuperar la confianza perdida, no basta con la Ley de transparencia ni con que se publiquen otras de carácter regeneracionista. Tampoco con establecer códigos éticos y de buenas prácticas, puesto que lo verdaderamente importante y que la sociedad demanda es que el Estado de Derecho sea respetado, y que tanto las leyes como las resoluciones de los jueces y sentencias de los Tribunales de Justicia, se cumplan. Pero es público y notorio que existen casos, que pueden ponerse como ejemplos de flagrantes incumplimientos, tales como los ya conocidos de Cataluña y Andalucía. Y esto, es lo que resulta inadmisible y decepcionante para el ciudadano cumplidor de sus deberes.  

Es incuestionable que un buen ordenamiento jurídico, rigurosamente articulado en torno a una Carta Magna o Constitución reformada, puede posibilitar y facilitar mejor la regeneración de la vida política y democrática de este país. Es cierto que el paro y corrupción constituyen el mayor problema con el que se enfrenta España, pero la solución a esta lacra socio/laboral y política pasa por la reactivación de la economía y la recuperación de la confianza en los: partidos políticos, organizaciones sindicales y empresariales, por la vía de sus actuaciones honestas, responsables, ejemplares y transparentes. Éste, además, es el camino o la ruta a seguir para que los inversores descubran y aprecien que España es un espacio seguro para poner en marcha o retomar iniciativas que dinamicen el complejo tejido productivo y que habían quedado paralizadas a causa de esta tremenda crisis, que, por otra parte, la han desencadenado los poderosos de diferente pelaje, pero que sólo la han padecido y soportado los más débiles de la sociedad.

 

REFLEXIONES SOBRE LA CORRUPCIÓN Y SUS PERNICIOSOS EFECTOS PARA LA DEMOCRACIA. MEDIDAS CORRECTORAS. 

La cuestión de fondo, radica en que la señalada regeneración de la vida pública, sea planteada sin demoras, y con el suficiente rigor, para que produzca los ansiados efectos respecto a que esta tambaleante democracia pueda quedar sólidamente apuntalada y asentada. Igualmente, hay que hacer hincapié en que el conjunto de medidas correctoras, deben de incluir una considerable reducción del tamaño de las administraciones del Estado y la racionalización del gasto público. Y ello, no se consigue exactamente con la reducción del número de funcionarios o recortando en determinados sectores, como: el sanitario y el docente, ni tampoco aplicando tales criterios a los cuerpos y fuerzas de seguridad.

Por el contrario, el meollo del asunto está en una racional armonización de las diferentes administraciones, eliminando las duplicidades o triplicidades administrativas. Además, salta a la vista que la contención del gasto público, debe de tener como objetivo primordial la disminución al mínimo indispensable del número de cargos políticos y de asesores en los distintos niveles de la administración. Y, sobre todo, normalizando y vigilando el intrincado y escabroso tema o cuestión de las subvenciones a partidos políticos, organizaciones sindicales y empresariales. Pero, más importante todavía sería que los responsables públicos procurasen la plena efectividad en la aplicación de todos los mecanismos de control, legalmente establecidos por la misma democracia, para evitar en el futuro malversaciones, apropiaciones indebidas o desvíos de fondos públicos.

De la oscuridad del  túnel de esta tremenda crisis económica, laboral, familiar y social, sólo se sale por la senda de la regeneración democrática, luchando con tenacidad y sin  contemplaciones contra la corrupción y los corruptos, así como eliminando de raíz prebendas, privilegios, desigualdades y discriminaciones. En definitiva, y en síntesis, que no hay más remedio que recurrir a mecanismos adecuados, para recobrar o restablecer la pérdida de la confianza en las instituciones del Estado y para lograr que la transparencia brille con luz propia en los distintos espacios de la vida pública española. En suma, se trata de mejorar la calidad democrática y de acercar la política a los ciudadanos. 

Todo ello, deviene en requisito indispensable para organizar adecuadamente la convivencia ciudadana y conseguir el bienestar de todos y cada uno de los individuos y colectivos  sociales. Las leyes, que tienen su origen en las necesidades de la sociedad y en la voluntad del pueblo, expresada ésta en las urnas durante los diferentes procesos electorales, respaldan y favorecen la atribución de derechos y deberes, así como de responsabilidades entre los electos, los diversos partidos políticos, los denominados agentes sociales y los ciudadanos electores. Unos, deberán de asumirlas como gobernantes, otros, haciendo una oposición constructiva o prestando su responsable colaboración en circunstancias tan excepcionales como la presente, y, en todo momento, ejerciendo la función de controlar a quienes recibieron el encargo de gobernar. A los ciudadanos, concierne criticar a los electos a través de los medios legítimos en democracia. Pero, ni la oposición política ni los ciudadanos electores tienen legitimidad alguna para entorpecer la acción de los gobernantes, sobre todo, cuando esté orientada a sacar a la sociedad del estado de postración en el que está sumida.

Por otra parte, las afirmaciones vertidas sobre las tramas de corrupción, parecen situarnos, intelectual y mentalmente, en lo paradójico y hasta contradictorio del discurso democrático.  Y tal percepción es correcta, pero también es indudable que dichas conductas antidemocráticas o parademocráticas obedecen a una concatenación de motivos, que tienen su explicación, aunque no siempre, ciertos hechos y conductas, tengan una comprensible justificación. El entrañable y avispado lector, entiende a la perfección que en las democracias pluripartidistas, como es el caso de la española, la alternancia constituye en sí misma uno de sus valores más importantes, a la vez que es garantía de perdurabilidad y solvencia moral del sistema. Se impone reformar y regular las funciones de los partidos políticos, a fin de que puedan ser más representativos y facilitar una mayor participación a los ciudadanos electores. Y todo esto, en previsión de que no constituyan por sí mismos y directamente un sistema cerrado de partidos o una partitocracia, ya que supondría una merma de las esencias de una democracia  verdaderamente participativa y de representatividad más directa.

*Antonio José Parafita Fraga, es escritor y comentarista de temas sociales y políticos.  De su blog: verbosuelto.blogspot.com.