Ser presidente de un club de fútbol se ha convertido en una actividad penalmente sospechosa. José María del Nido, último mandamás sevillista, se dedica ahora a limpiar celdas en un centro penitenciario tras haber ayudado a expoliar el ayuntamiento de Marbella. No es el único. Ya en su momento, Jesús Gil fue condenado por malversación de fondos, prevaricación y apropiación indebida. Si no le cayeron más condenas, fue porque algunos delitos ya habían prescrito y porque el hombre se murió antes de tiempo.

Ahora, como en una novela de serie negra, se ha sabido que Juan Bautista Soler, ex presidente del Valencia CF, contrató a un sicario para secuestrar a su sucesor, Vicente Soriano —otro que tal—, quien le adeuda 39 millones de euros.

Si la Justicia investigase a fondo el mundo del balompié, seguro que no quedaría títere con cabeza. El fútbol ha generado ingresos cuantiosos, ayudado por los contratos televisivos, unas vergonzosas subvenciones públicas y recalificaciones urbanísticas más que dudosas.

¿Adónde ha ido todo ese dinero? A fichajes millonarios, con cláusulas secretas que permiten el fraude a Hacienda, a comisiones opacas y al enriquecimiento de unos cuantos vividores instalados en las bambalinas del negocio futbolístico.

Por eso, se da la paradoja de que gente sin poner un duro gestione clubes valorados en un dineral, aunque si esos clubes fuesen empresas como Dios manda estarían casi todos en quiebra y los pocos que sobreviviesen acabarían en manos de mafiosos rusos o jeques árabes con fines absolutamente extradeportivos.

Por eso, en el fondo, hay que reconciliarse con tipos primitivos y celtíberos como J.B. Soler, que mantienen la tradición de los salteadores de caminos tipo Luis Candelas, en vez de la actual y sofisticada del delito informático transnacional.