Efectivamente, en el sombrío panorama político español actual se advierte que a un elevado número de ciudadanos de este País le produce desazón e inquietud observar la manifiesta reticencia de muchos políticos a la hora de admitir que los antagonismos ideológicos y programáticos al igual que la alternancia política, en democracia, definen y determinan la normalidad del funcionamiento de nuestro Estado social y democrático de Derecho.

De modo que no superar y asumir, y aún obstaculizar, que se puedan hacer realidad tales posibilidades en la práctica político/democrática está conduciendo a que  se mantengan discursos radicales, así como a defender actitudes y conductas de signo dogmático y totalitario, o, cuando menos, de evidentes tonos autárquicos o/y autoritarios.

Valga como paradigmático de lo anteriormente expresado por quien les habla escribiendo, el bloqueo que, recientemente, se le hizo a un partido político en la sede de la soberanía popular española, el Congreso de los Diputados, asestándosele, con tal decisión, un duro golpe a nuestro parlamentarismo democrático, al tiempo que se le negó a muchos ciudadanos  el legal y legítimo derecho a expresar las oportunas opiniones a través de sus  representantes, los  diputados.

Tampoco se requieren profusos y especiales estudios estadísticos para percatarse de que una parte considerable de los políticos españoles toman a chunga el noble oficio de la política, encomendado por los ciudadanos electores, olvidándose de que este hábito político de chunguearse del pueblo soberano, de manera desmedida y con total descaro, es no sólo incorrecta y antidemocrática, sino denigrante y detestable desde el punto de vista de la ética política.

Pero, y sobre todo, porque mucha gente siente que sus representantes le toman el pelo mediante la utilización de tácticas engañosas y estrategias trileristas, encaminadas a manipular y tergiversar, por espurios intereses, las intenciones, deseos y voluntades de los principales actores de la democracia, que son, precisamente, los ciudadanos.

Desde una parte importante de la sociedad española y también europea, se contempla con estupefacción el bochornoso espectáculo que, con harta frecuencia, ofrece la clase política por una serie de comportamientos antidemocráticos, así como por la aludida incapacidad de superación de los normales, lógicos y legítimos antagonismos y el intento sistemático de limitar o cercenar el derecho constitucional a la alternancia democrática.

Lo apuntado anteriormente, nos tiene que llevar a establecer las pertinentes diferencias entre comportamientos democráticos y totalitarios. Porque, en ocasiones, escuchando a algunos políticos, se tiene la impresión de que éstos confunden los planos y también de que interpretan o entienden el poder recibido, como si de un cheque en blanco se tratara, para hacer y deshacer a su antojo lo que parezca y resulte más favorable y propicio para los intereses personales y partidistas.

Conviene, pues, recordar que las notas esenciales de una democracia avanzada son: la tolerancia; una permanente actitud de diálogo; el respeto a la diversidad ideológico/política y el escrupuloso cumplimiento del ordenamiento jurídico que conforma nuestro Estado de Derecho. De suerte que si los ciudadanos, como es el caso, no perciben que estos elementos distinguen y caracterizan claramente a sus políticos en el ejercicio de la actividad pública, es que detectan, con su natural saber y entender, que nuestro sistema social y político padece un inquietante proceso de debilitamiento en sus contenidos y formalidades, razón por la que los depositarios de la soberanía popular necesitan someterse a un urgente  proceso de reciclaje regeneracionista en materia democrática.

Fortalecer y consolidar plenamente este complejo y delicado régimen de derechos y libertades, es tarea ardua y difícil en la que debe implicarse y comprometerse la sociedad en general, desde la cohesión civil y la solidaridad ciudadana, entendiendo que la colaboración de todos resulta enteramente necesaria para la felicidad colectiva y que la comunidad de ciudadanos  quedará bien regida cuando todo el mundo ocupe su puesto natural y realice sus funciones propias.

Pero en una democracia representativa y de participación indirecta- directa sólo en contadas ocasiones- la interacción de las distintas acciones será real y efectiva si se evitan injerencias, se delimitan campos y si cada uno de los miembros de la sociedad desempeña el papel o función que le corresponde.  

No deshacer equívocos, o mantenerlos intencionadamente, y generar confusiones no es más que una calculada estratagema para diluir, y hasta eludir, responsabilidades. De ahí la importancia de determinar, en el campo de la actividad política, competencias y cometidos para impedir no sólo la desvalorización y degeneración de la democracia sino contribuir a revitalizarla y a conservar vivos, íntegros y operantes sus inestimables valores.

En consonancia, con la línea de esta reflexión y análisis político, estimo que al avispado lector no se le deben ocultar unos cuantos apuntes sobre la actitud conductual de algunos políticos, por ejemplo, el embeleco al que recurren pensando que el pueblo no se entera de sus artimañas; las formas soberbias y chulescas con que “farruquean”, fuera y dentro de los parlamentos, que más parecen propias de ambientes tabernarios que de “sacrosantos” espacios democráticos donde se deben propugnar y defender los valores superiores de libertad, justicia, igualdad y pluralismo político, proclamados por nuestro ordenamiento jurídico.

Asimismo, que el bajo perfil cultural e intelectual de la clase política española, sólo un 20% tiene preparación académica superior, explica su condición de mediocres y, por ello, el que se expresen de modo laberíntico, perifrástico y rebuscado para impactar a los “fieles”, sin caer en la cuenta de que cuando ellos van, ya éstos vienen de vuelta.

Y a lo anterior, aún se puede añadir que en la esfera política se cometen delitos tipificados sin que los líderes de los partidos políticos se pongan de acuerdo para poner en marcha mecanismos correctores y depuradores del sistema democrático, excluyendo de él a quienes integran la lista de corruptos, por ejemplo, a: cleptómanos y chupópteros; chanchulleros y tramposos; chantajistas y farsantes, así como para erradicar clientelismos y nepotismos; amiguismos y arribismos, y demás indecencias socio/políticas que pueden    resquebrajar de medio a medio nuestro régimen político, si no se buscan soluciones a tiempo.

Mientras tanto, los lectores pueden intentar atenuar el efecto de las aparentes exageraciones con la noticia de que al ex –presidente de Cataluña le seguiremos pagando un sueldo, de nada: total, unos 125.000 euros/año. Otros, por el contrario, hacen ímprobos esfuerzos por llegar a fin de mes. Y algunas instituciones escatiman medios económicos para proteger a las víctimas de los 170.000 ciudadanos españoles que están registrados como maltratadores.

Este comentarista, presenta a los lectores algunas afirmaciones para que puedan ser sometidas al tamiz de su agudo sentido crítico, a la vez que útiles para iluminar las sombras de duda que puedan tener no pocos electores sobre determinados elegidos para poder rectificar el sentido de su voto en el momento permitido por nuestro sistema electoral y para  que, especialmente los lectores que se  asomen  a los  medios de comunicación  electrónicos gallegos, puedan valorar, en clave de ciudadanos libres, las propuestas y ofertas presentadas por los diferentes partidos políticos.

Primera y segunda afirmación.- Que los políticos han de comprender y asumir, de una vez por todas, que la soberanía radica en el pueblo y que un verdadero gestor es aquel que trata de engrandecer su ciudad sin buscar riquezas ni poder, sino procurando, ante todo, que los ciudadanos convivan mejor y gocen de unas estructuras individuales, familiares y sociales que le reporten paz, libertad, bienestar y espíritu crítico de la vida.

Tercera y cuarta aseveración.- Que el poder que ostentan los políticos  se lo otorga el pueblo en procesos electorales públicos y libres, de modo que estos representantes de la ciudadanía vienen a ser como empleados suyos  y, por consiguiente, servidores, y ello, en virtud de un contrato socio/político de carácter temporal y sometido a la cláusula resolutoria de la indignidad de sus comportamientos en el desempeño del correspondiente cargo público y que el pueblo soberano delega su poder democrático, de conformidad con unos programas que presentan los partidos políticos y con el variado perfil de los candidatos.   

Y a modo de conclusión, el autor de este comentario manifiesta también su confianza en la capacidad autoregeneradora y de autorregulación de personas e instituciones, a fin de que la afirmación que hizo, hace aproximadamente ocho años, el entonces alcalde de Jerez, Pedro Pacheco: “la justicia es un cachondeo”, en modo alguno, se pueda aplicar al campo de la política actual. Igualmente, y a tales efectos, entiendo que la política la deben hacer con toda honestidad los políticos, y no los medios de comunicación.

Por lo demás, sería deseable que, en este País, los representantes del pueblo cumpliesen con lealtad y fidelidad constitucionales los dichos populares de: menos “farruqueo” y más trabajo por el bien común y los intereses de la ciudadanía, que para eso se le paga el sueldo, y también el de: menos “predicaciones” estériles y más trigo en términos de cumplimiento de sus obligaciones.

 

Antonio José Parafita Fraga, es escritor y comentarista de temas sociales y políticos. Del Blog VERBO SUELTO, enlace verbosuelto.blogspot.com